Durante el mandato de Trump, la ex senadora y actual vicepresidenta Kamala Harris fue la principal patrocinadora de la Ley MORE. Esto es, Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act (Ley Marihuana de Oportunidades, Reinversión y Eliminación). Este proyecto de ley despenaliza la marihuana, eliminando las penas criminales para aquellos que manufacturan, distribuyen o poseen marihuana.
El 4 de diciembre de 2020, la Cámara de Representantes aprobó la Ley MORE. La votación fue impulsada por las múltiples peticiones de reforma de la justícia penal tras los asesinatos de los afroamericanos Breonna Taylor y George Floyd a manos de la policía.
La votación fue un momento histórico en el que la cámara del Congreso abordó la cuestión de la despenalización del cannabis. 222 demócratas y 5 republicanos votaron a favor y 6 demócratas y 158 republicanos en contra.
Este proyecto de ley incluye más cambios:
Durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, los negocios relacionados con el cannabis medicinal fueron declarados “esenciales” en muchos estados, y se les permitió abrir para poder atender a los pacientes. Este escenario habría sido inimaginable años atrás, casi tanto como la pandemia misma.
Desde que California legalizara la marihuana medicinal en 1996, muchos estados le han seguido. Esto creó confusión en cuanto a la gravación de impuestos y el transporte de la droga. Y esto amenazaba a la ley federal. La Ley MORE facilitará esas trabas legales. También permitirá a los veteranos recibir recetas médicas por parte de los Veteran Affair doctors (doctores de los asuntos veteranos).
La investigación sobre la marihuana medicinal también se verá impulsada por esta ley. Además, durante la misma semana de la votación, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas retiró el cannabis de su lista de drogas peligrosas. Esto podría acelerar la investigación mundial sobre el cannabis medicinal y los esfuerzos de legalización.
Pues ahora es el momento para las medidas paliativas de carácter retroactivo. Éstas representan un proceso legislativo para beneficiar a criminales por crímenes pasados, de manera retroactiva. Las detenciones y las condenas relacionadas con la marihuana acarrean consecuencias de por vida.
Quienes han cometido un crimen relacionado con la marihuana no pueden, por ejemplo, ni pedir un préstamo, ni solicitar una tarjeta de crédito, ni acceder a ciertos empleos o ayudas públicas federales como una vivienda, y corren el riesgo de perder derechos parentales.
La reintegración en la sociedad es prácticamente imposible, mientras que un 52% de los estadounidenses (en inglés) ha probado la marihuana. Así que 1 de cada 2 ciudadanos estadounidenses podría haber sido pillado en el peor momento en el lugar equivocado y sufrir consecuencias de por vida en estados donde la marihuana ya no representa un delito penal.
La guerra contra las drogas de Nixon (vídeo en inglés) ha representado ya más de 40 millones de arrestos, ayudando a los EUA a convertirse en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Tan sólo un 13,4% de los ciudadanos estadounidenses son afroamericanos, y sin embargo representan un 37,6% de la población en presidio. Además reciben sentencias relacionadas con las drogas un 19% más largas. Los latinos tienen una posibilidad 6.5 más alta de recibir condenas por posesión. Esto ya representa una cuestión de derechos civiles y de justícia social.
Debido a la pandemia del COVID-19 es muy poco probable que el cannabis se convierta en una prioridad del gobierno de Biden. Pasarán meses antes que cualquier propuesta legislativa relacionada con la marihuana sea considerada seriamente.