El Parlamento portugués se reunió el 9 de junio de 2021 y debatió -adivina y acertarás- la legalización del cannabis no medicinal. Dos propuestas fueron presentadas por dos partidos: Bloco de Esquerda (en portugués) e Iniciativa Liberal (en portugués).
Se trata de dos partidos muy diferentes y, por consiguiente, muestran diferentes puntos de vista sobre la legalización del cannabis. Sus puntos en común son:
No es de extrañar que difieran en las propuestas de fiscalización, control y distribución. Es lógico ya que estamos hablando de partidos con visiones totalmente diferentes en estos temas.
El Bloque de Izquierda propone un cultivo, producción y distribución controlados por el Estado y la prohibición de productos sintéticos y sobreprocesados. Quieren conseguir una regulación gubernamental de los precios.
La Iniciativa Liberal, sin embargo, propone el no intervencionismo del Estado en el cultivo, el comercio o el consumo. Quieren permitir el comercio de los derivados del cannabis sintéticos y sobreprocesados y proponen un enfoque liberal en la fijación de precios. Un mercado libre autorregulado.
Este proyecto de ley llega 20 años después de la despenalización de todas las drogas en 2001. Aunque la posesión de drogas no estaba perseguida, toda la logística y las actividades que la rodeaban suponían multas y penas de prisión. Esto siguió alimentando el estigma en torno a las drogas, desarrolló un mercado negro y generó un problema de salud pública.
Este proyecto de ley pretende erradicar el tráfico de drogas y promover un consumo responsable e informado. También aborda la protección de los consumidores y la seguridad de la compra para que sea más seguro comprar y consumir cannabis recreativo.
Portugal ha adoptado algunas actitudes interesantes con respecto a las drogas:
2001: Se aprobó la Ley de Drogas 30/2000. Esta ley increíblemente progresista despenalizó todas las drogas (¡todas!) para uso personal. Las drogas se estaban convirtiendo en el problema social número uno y el gobierno adoptó una postura terapéutica al respecto. Optó por tratar en lugar de reprimir. Cualquier persona en posesión de una cantidad superior a la permitida para uso personal (un suministro de 10 días) tendría que ir a rehabilitación. Las drogas pasaron de ser el problema número uno a ser el número 13 en 2009.
Sin embargo, cultivar, distribuir, vender o comprar cannabis y sus derivados seguía siendo ilegal y representaba un delito.
2018: Se aprobó el uso del cannabis medicinal. Éste podía ser recetado por profesionales de la salud. Sin embargo, el cultivo de cannabis medicinal seguía siendo ilegal.
2021: La Autoridad Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios (INFARMED) aprobó una sustancia basada en la planta de cannabis con fines medicinales.
El proyecto de ley de 2018 sobre el cannabis medicinal no despenalizaba ni legalizaba la producción, el cultivo o la distribución del cannabis medicinal. Este proyecto de ley incluía la posibilidad de autocultivo en los primeros borradores, pero finalmente se descartó.
Según este proyecto de ley, los preparados y las sustancias a base de cannabis sólo pueden ser recetados por un profesional de la salud cuando los tratamientos convencionales no hayan funcionado. Este es también el enfoque en Canadá. El cannabis medicinal puede recetarse en casos de:
Estos productos relacionados con el cannabis deben ser autorizados por INFARMED, una división del Ministerio de Sanidad portugués.
Según el European Cannabis Report (en inglés), la liberalización del cannabis se está acelerando en Europa. Esto debería llevar el estatus del cannabis en Portugal un poco más lejos.
Es difícil entender por qué se ha tardado tanto en proponer un proyecto de ley como éste. Después de todo, Portugal mostró una actitud revolucionaria hacia las drogas y sus consumidores en 2001. Esto sorprendió al mundo entero, pero no se hicieron más esfuerzos en torno a la despenalización y legalización del cultivo y su venta durante los años siguientes.
Este proyecto de ley necesita un periodo de 60 días para ser aprobado. Esto nos lleva a finales de julio o principios de septiembre, dependiendo de las negociaciones. Si se aprueba, habrá que hacer un reglamento y asignar un presupuesto.
Este proyecto de ley podría acabar con la estigmatización, las penas de prisión y la marginación social relacionadas con el cannabis. También podría generar un impulso económico tras el COVID 19 y una nueva etapa de investigación científica sobre los beneficios del cannabis.